5 de abril de 2011. Por primera en su historia, el Parlamento Europeo va a abordar este problema. Tal vez sea el principio del fin de esta práctica ilegal.

La competencia desleal, la distorsión del mercado en favor de los operadores sin escrúpulos, el agotamiento de las poblaciones mundiales de peces y la disminución de los puestos de trabajo son algunas de las consecuencias de la pesca ilegal, no declarada, ni reglamentada. El fenómeno, a escala mundial, produce un volumen de negocio de más de diez mil millones de euros por año y alcanza niveles muy altos en las aguas europeas. Se estima que el 66% del total de capturas en el Mar del Norte o el 50% de los desembarques de atún y pez espada en el Mediterráneo son pescados ilegalmente.

Es, por tanto, un fenómeno de enormes proporciones. No se trata de algo anecdótico. Así que Bruselas se ha puesto, por fin, manos a la obra y ha celebrado un seminario para tratar el asunto, organizado por Luigi de Magistris, Presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, y Gerben-Jan Gerbrandy, miembro del Parlamento Europeo. Contó también con las presencia de María Damanaki, Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca.

Los datos presentados señalan que en tres países (Italia, Francia y España) se han asignado contribuciones de decenas de millones de euros a buques y operadores pesqueros multados, incluso tras haber realizado, en varias ocasiones, graves infracciones de la Política Pesquera Común.

En los casos francés y español, la lista, que ha sido publicada en la web Fishsubsidy.org, es clara, larga y elocuente, y revela la gran cantidad de dinero público que reciben estos países: más de 13,5 millones de euros otorgados a36 buques multados por infracciones graves entre 1994 y 2006. Situación similar es la de Italia, donde alrededor de cien buques, muchos de los cuales han sido multados en varias ocasiones por pescar ilegalmente con redes de deriva, recibieron 13,8 millones de euros en ayudas entre 1999 y 2010.

La contradicción está en que, en el ámbito internacional, la Unión Europea ha lanzado una fuerte iniciativa para combatir la pesca ilegal, pero, al mismo tiempo, se están subvencionando con fondos públicos (tanto europeos como nacionales) a operadores que desarrollan actividades de pesca ilegal en Europa. Así, parte de estas ayudas han acabado por causar graves daños ecológicos, sociales y económicos.

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